Autor: Javier Hugo González Lozano. Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad de Monterrey (UDEM).
Editor: Sergio Martínez Peralta. Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad de Monterrey (UDEM).
El diario Al Día TX publico un artículo donde explica las características del Estado de Arizona que lo llevaron a ser el ojo del huracán de la controversia inmigratoria. La creciente población migrante es relacionada directamente con la creciente violencia relacionada con el narcotráfico en el Estado.
Los representantes republicanos de la legislatura del Estado de Arizona llevaban ya una década haciendo esfuerzos por aprobar leyes que les permitiera aplicar mano dura contra los inmigrantes ilegales. Los legisladores del Partido Republicano representan a los sectores de la población que ven al problema de los inmigrantes y lo relacionan directamente con el del narcotráfico y la inseguridad.
Durante la década pasada los esfuerzos de los republicanos en el tema migratorios eran truncados por la gobernadora del estado Janet Napolitano. Ahora que la gobernadora ha dejado el puesto para formar parte del gabinete del Presidente Obama y que la Secretaria de Estado, la republicana Jan Brewer, asumiera el cargo, el camino quedó libre para que leyes como la SB 1070 fueran aprobadas.
El siguiente paso en la agenda conservadora de Arizona es la propuesta HB 2281 que prohíbe la impartición de clases de estudios étnicos en las escuelas del estado. La ley contempla prohibir (1) los programas que promuevan el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos, (2) clases que promuevan el odio o resentimiento hacia una raza o etnicidad o clase y (3) programas que estén diseñados para grupos étnicos en particular promoviendo la solidaridad étnica y no la individual. Esta ley habla de cómo los grupos conservadores temen que los grupos minoritarios no se adapten a la “cultura americana” y que ésta sea desplazada.
Mientras que la Casa Blanca pide la conciliación de las fuerzas políticas para establecer una reforma migratoria, las leyes que la legislatura de Arizona aprueba crean conflicto y distanciamiento entre las dos partes de este debate.
Esto se hace evidente en las demandas de los oficiales de policía que desaprueban la ley SB 1070. El oficial de Departamento de Policía de Phoenix, David Salgado y uno de los demandantes, argumenta que la ley le impide realizar su trabajo por que le impide a los policías crear redes de comunicación con las comunidades hispanas para la prevención de los delitos.
El vocero de la Casa Blanca, Robert Gibs, señaló el pasado jueves 06 de mayo que el apoyo del partido republicano era una necesidad y no un lujo. Es importante tener esto en mente por que es muy fácil olvidar el apoyo que esta ley tiene con toda la cobertura que los medios dan a los movimientos opositores.
En una encuesta que realizó Behavior Research Center Inc. y publicada en la Voz de Arizona mostró que dentro del estado de Arizona el 52% de la población general estaba a favor de esta ley contra un 39% que estaba en contra y un 9% que esta indeciso mientras que en la población registrada para votar los números son 56%, 34% y 10% respectivamente. Como era de esperarse en los sectores blancos y republicanos de la población el apoyo a la ley es más alto, mientras que en los demócratas y minoritarios la oposición es mayor.
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